Así lo ha puesto de manifiesto el delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, en una reunión de trabajo que se ha celebrado en la sede de la entidad con el fin de analizar la situación actual tras la reciente condena de la ONU a España por los incumplimientos de los mandatos legales en materia de educación inclusiva.

 

Pese a los avances que se han producido, Jesús Martín ha alertado de que casi el 20% de los estudiantes con discapacidad están escolarizados en centros de educación especial, lo que “supone un fracaso de toda la sociedad”. De hecho, ha criticado la contradicción que genera el hecho de que se acepte que haya personas que por razón de discapacidad estudien de manera “segregada”, algo que no se permitiría por cualquier otro motivo.

 

En todo caso, Martín Blanco ha puesto en valor la “claridad” y “nitidez” del informe de la ONU sobre la educación inclusiva en España, “aunque por otra parte, es desolador que te digan que en tu país no se respeta el derecho a la educación inclusiva de los niños y niñas con discapacidad”. Además, ha puntualizado que no se trata de desaprovechar el “enorme talento” de los centros de educación especial y sus profesionales, sino que aporten su “enorme experiencia” al sistema inclusivo.

 

A su juicio, educar en la diversidad es muy importante para crear una sociedad inclusiva. La educación es básica, porque no se puede pretender que haya personas que de adultas apuesten por legislar en favor de la discapacidad si no la han conocido ni han convivido con ella. Si empezamos de cero, no habrá que hacer posteriormente labor de sensibilización, puesto que las nuevas generaciones vendrán ya educadas en inclusión”, ha remachado Martín Blanco.

 

Creencia errónea

 

Por su parte, la coordinadora de la Comisión de Educación del CERMI Estatal, Carmen Jáudenes, ha puesto el foco en desmentir la creencia errónea relativa a que la presencia de alumnos con discapacidad perjudica al propio estudiante con discapacidad y ralentiza el ritmo del resto de compañeros. “Eso no es cierto. EL nivel de calidad y cumplimiento de estándares está por encima de la media porque aporta valor a todo el mundo y da otra visión a la forma de trabajar y de estar dentro de la escuela”, ha expuesto.

 

Además, la también directora técnica de la Federación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) ha comentado que el informe de la ONU sobre España pone de relieve “una serie de deficiencias que España tendrá que revisar, siendo conscientes de que se trata de una carrera de fondo” que impregna elementos como la formación del profesorado; las atribuciones de los centros educativos; la sensibilización de las familias, o lo que se puede esperar del Legislador, entre otros factores. “Es complejo todo lo que tenemos que afrontar, pero eso no nos puede llevar a quedarnos en la parálisis”, ha advertido Jáudenes.

 

En este sentido, la asesora jurídica de Plena inclusión y miembro del Comité de Apoyo del CERMI para la Convención de la Discapacidad de la ONU, Inés de Araoz, ha enumerado algunos aspectos que afectan también al desarrollo educativo del alumnado con discapacidad y que van más allá del aula, como es el caso del transporte escolar o la accesibilidad del patio y de las actividades extraescolares.

 

Esta experta ha señalado que “España se encuentra en una situación intermedia” en lo que a comparación con otros países se refiere y ha apuntado como referentes a seguir al norte de Italia, Nueva Zelanda y una parte de Canadá. Asimismo, ha explicado que se llevan a cabo buenas prácticas en países que no son más ricos que España, puesto que “una parte de todo lo que queda por hacer no depende tanto de presupuesto como de voluntad política”.